miércoles, 29 de abril de 2015

Educación en Derechos Humanos V: Funcionarios públicos y FF.AA.  

Siguiendo la línea del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, los procesos formativos en los que participan los funcionarios públicos han ido integrando algunos temas de derechos humanos, particularmente los relativos a igualdad de género y no discriminación, lo que representa un avance en esta materia.

Como ya se ha dicho, Chile no cuenta con un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, pero algo se ha avanzado en la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos.

En 2011, el Estado chileno destinó cerca del 0,1% del presupuesto nacional a capacitación de sus funcionarios y funcionarias, y de ese presupuesto, solo el 1,4% (unos $158 millones) se destinó a formación en derechos humanos, una cifra que ni siquiera merece análisis.

En cuanto al Poder Judicial, solo un 6% del total de programas de perfeccionamiento y capacitación implementados en 2011 tuvieron directa relación con temas de derechos humanos.

En 2012, Gendarmería creó una Unidad de Derechos Humanos, orientada a la implementación de programas de educación y difusión de derechos humanos. En el programa de formación de oficiales, de una duración de cuatro semestres, se incluye un ramo de derechos humanos, durante el segundo semestre. Del mismo modo, en el curso de gendarmes, de una duración de dos semestres, se incluye en el primero de estos una asignatura de ética penitenciaria y derechos humanos.

Fuerzas Armadas y de Orden

A pesar de que en los currículums de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad se identifican contenidos específicos de derecho humanitario y de que trabajan en torno a la Declaración Universal y la Carta Americana de Derechos Humanos, los avances y profundización en la formación, no ha sido homogénea entre las distintas instituciones.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos identificó una carencia de acciones educativas formales, permanentes y sistemáticas para la prevención de la tortura, y tampoco incluyen los temas de memoria histórica de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, omisión que no es consistente con las obligaciones internacionales y con las recomendaciones realizadas al Estado de Chile en esta materia.

El tratamiento de la formación que se imparte respecto a las obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos humanos en general, y el rol de las Fuerzas de Defensa y Orden y Seguridad como garantes es limitada. Y lo mismo ocurre con los instrumentos internacionales de derechos humanos referidos a los derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos de los pueblos indígenas y los de las mujeres, que solo son abordados en la formación de Carabineros de Chile.

En la Fuerza Aérea y la Armada, no se identificaron contenidos que trabajen directamente en el rol de los uniformados en el respeto y garantía de los derechos humanos. En el caso de la Marina, los cursos de ética y moral presentados mantienen como base de aprendizaje orientaciones que pueden derivar en situaciones de discriminación, particularmente en materia de libertad de credo o religiosa.

En el caso del Ejército, de los 22 cursos que integran los derechos humanos, solo cinco hacen referencia al rol que les compete como uniformados en la protección de los mismos.

Sí es destacable la labor que está desarrollando la Policía de Investigaciones, que con asesoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ha generado un Manual de Autoinstrucción que busca avanzar hacia el establecimiento de una visión reflexiva del marco de derechos humanos, apelando a situaciones dilemáticas que enfrentan detectives e inspectores/as.